La redefinición del marco de control público

• Autor: Alberto Palomar Olmeda
• Cargo: Profesor titular (Acred) de Derecho Administrativo. Magistrado de lo Contencioso-Administrativo (E.V.) Abogado
• Páginas: 8-10

Revista de Derecho Administrativo

8 #7 · diciembre 2021

u Editorial

LA RedefInIcIón deL MARcO de cOntROL pú-

bLIcO

The redefinition of the public control

framework

La formulación general del control público

hace tiempo que precisa de una reflexión más

profunda de la que, probablemente, hemos

tenido. En esencia podemos convenir que el

control político de la Administración en sede

parlamentaria adolece de la inmediatez y la

oportunidad necesarias para ser realmente

eficaces. De hecho, podemos llegar a tener

la sensación –que no es correcta– de que se

reduce al artificial control de las preguntas

orales de los miércoles que, desde luego, es-

tán muy lejos de ser un esquema de control

mínimamente aceptable de la gestión públi-

ca y de la Administración y al margen, claro

está, del control político del Gobierno.

Es cierto que esta referencia nos permite

tener claro que mientras existen y tienen su

propia dinámica las formas de control de la

Administración carecen de verdadera con-

sistencia. Tanto el trabajo en comisión como

las preguntas e interpelaciones tienen un

componente más de política que de gestión

y de dirección de la Administración, en térmi-

nos constitucionales.

Esto nos permite señalar que el control polí-

tico de la Administración y su funcionamien-

to exigen, sin duda, una reconfiguración para

dotarlo de una consistencia que, en el mo-

mento presente, no lo tiene.

A partir de esta constatación el control de

la Administración se sitúa, de un lado, en la

jurisdicción contencioso-administrativa y,

de otro, en el control de la regularidad de la

gestión económica en el seno del Tribunal de

Cuentas o instituciones similares de las Co-

munidades Autónomas.

La jurisdicción contencioso-administrativa

vive su propia crisis. La endémica falta de

medios se ha visto acompañada de la crisis

de modelo y de rol que ha evidenciado la cri-

sis sanitaria y que se ha centrado, esencial-

mente, en el papel del juez contencioso-ad-

ministrativo en las autorizaciones sanitarias

individuales, primero, y, generales o plurales,

posteriormente. La disociación entre el en-

juiciamiento plenario y el de carácter pro-

porcional o fundado en los principios está

resultando cuando menos “descolocador”

de la función jurisdiccional y del alcance del

control.

Pero, al margen de esto, la sensación de que

los tiempos y las formas de ejercicio, la fal-

ta de impulso de las ejecuciones o la falta

de proyección global de los pronunciamien-

tos (véase, por ejemplo, la doctrina sobre

los efectos en cascada de la nulidad de los

instrumentos de planeamiento) están con-

duciendo a una potencial devaluación del

efecto jurisdiccional en la solución de los

conflictos jurídicos. El problema es que, fren-

te a otros ámbitos de la vida social y jurídi-

ca, en el contencioso-administrativo no hay

alternativas y, por tanto, la devaluación no

puede compensarse con otros instrumen-

tos de resolución privada de conflictos. Esta

posibilidad ni tiene (ni probablemente puede

tener) virtualidad en el ámbito administrati-

vo por muchos esfuerzos de todo orden que

se quieran realizar en este sentido.