La transición hacia la normalidad

AutorAlberto Palomar Olmeda
CargoProfesor titular (Acred) de Derecho Administrativo. Magistrado de lo contencioso-administrativo (E.V.). Socio Broseta Abogados
Páginas9-11
Revista de Derecho Administrativo
#3 · julio 2020 9
EDITORIAL
LA tRAnSIcIón hAcIA LA nORMALIdAd
La situación de la pandemia que estamos
viviendo –sin entrar ahora en el debate de
si superada o no– tiene enormes lecciones
aprendidas con falta de método y sin dema-
siado reposo. Examinenos algunas de estas
referencias.
La primera, es que la sociedad ha puesto en
valor la importancia de lo público. De repente
cuando todo se ha vuelto complejo los ojos se
han vuelto a lo público en su conjunto. Desde
luego, al ámbito sanitario, pero enseguida a
los servicios sociales, a las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado y, finalmente, hasta
al ejército. La respuesta de lo público ha sido
entusiasta, aunque no siempre dotada de la
eficacia y la consistencia que era exigible. La
respuesta o la justificación es, ciertamente,
sencilla. Nadie ha pensado en los últimos
tiempos en lo público. Nadie ha trazado una
estrategia de modernización, actualización,
progreso ni siquiera de consolidación de mu-
chos servicios públicos.
Los servicios públicos han ido perdiendo in-
tensidad y personal sin que esto responda
a una estrategia de organización y gestión
fruto, por ejemplo, de la robotización o la
electrónica como instrumentos de ordena-
ción del trabajo y se han ido degradando.
Cuando, como ahora, se les ha pedido máxi-
mo esfuerzo y optimización la respuesta ha
sido voluntarista, entregada pero acorde con
las posibilidades. Por poner un ejemplo, las
posibilidades del teletrabajo se han visto
seriamente mermadas porque no había una
estrategia de organización en este sentido
y, por tanto, la respuesta ha sido desigual e
improvisada.
Esto demuestra que es necesario abrir un
debate amplio sobre la reforma y actualiza-
ción de la Administración Pública que supe-
re su falta de modernización y que permita
conocer sus necesidades, en muchos casos,
inaplazables. El debate tiene que acabar
planteándose seriamente las formas de ges-
tión y de actuación de las Administraciones
Públicas y, por tanto, determinando con un
criterio serio que tiene que realizarse des-
de estructuras públicas (porque exista un
interés estratégico en ello) y que puede ser
realizado desde estructuras privadas. Cada
vez que este debate se inicia se cruza con el
debate ideológico de la privatización de ser-
vicios y todo se complica. La colaboración
público-privada se presenta como una forma
especialmente válida de gestión de aque-
llos servicios en los que se convenga que no
existe un interés estratégico que soportar.
Lo contrario es apostar por esquemas públi-
cos que, posteriormente, no somos capaces
de sostener por su coste y por su propia ri-
gidez y nos lleva a situaciones tan complejas
como la que tiene planteada el empleo pú-
blico precario en la Administración Pública
que nunca debió llegar a la dimensión actual
y que, finalmente, pone en entredicho la po-
lítica de reclutamiento de los próximos años
al inclinar, tendencialmente, la balanza hacia
la consolidación del empleo precario frente
a la aportación de nuevas incorporaciones.
Este desequilibrio no es, desde luego, la pri-
mera vez que se da en el empleo público en
la historia reciente, pero es cierto que nunca
ha tenido la magnitud numérica que tiene en
la actualidad.
En el fondo late, de alguna manera, la con-
sideración peyorativa que una parte de la
sociedad tiene hacia el gasto público en ser-

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